¿Por qué prohibieron el bacanora? Los 77 años oscuros del mezcal del norte

El bacanora, por supuesto, también es un mezcal: un destilado norteño poco conocido y con una historia marcada por claroscuros.

Nacido en la tierra sonorense, desde el año 2000 cuenta con la Denominación de Origen Bacanora, la cual otorga la exclusividad de la producción a 35 municipios de la Sierra de Sonora.

El bacanora se produce casi de la misma manera desde sus inicios en la época colonial, sin embargo, atravesó una prohibición de 77 años, iniciada en 1915 por el entonces gobernador de Sonora, Plutarco Elías Calles –de quien se dice su padre era alcohólico y por eso la prohibió.

La prohibición del bacanora se terminó en 1992, durante la gubernatura de Manlio Fabio Beltrones (1991-1997). El veto no eliminó por completo la producción, la comercialización ni el consumo de la bebida, pero sí tuvo consecuencias visibles hasta la fecha. Entre estas, podemos encontrar las siguientes:

• Restringió la innovación en el proceso de producción.
• Limitó la generación de un mercado para la bebida.
• Retrasó la incorporación de diversos actores a la cadena productiva.
• Inhibió la generación de organizaciones productivas y la formación de capital social.

La época de prohibición y clandestinidad

Ya entrado el siglo XIX, el mezcal sonorense tenía una importancia no solo cultural y social, sino también económica, reflejada en los ingresos del erario.

Entendamos juntos la importancia fiscal del bacanora:

En las memorias e informes de las autoridades locales sobre las actividades económicas de Sonora, elaborados entre 1850 y 1880, se presentan algunos datos sobre la producción de mezcal y vino. Sin que ninguno de los dos giros obtenga el estatus de industria, se les menciona como la tercera fuente de ingreso del erario, tan solo después del ensaye y acuñación de metales preciosos, y de la producción de harina. Así, tenemos que en 1850 y 1851 la producción y consumo de mezcal dejaron anualmente 2,710 y 5,710 pesos, respectivamente. Una cifra que en tiempos modernos puede parecer modesta, pero en aquel entonces representaba una verdadera fortuna.

El bacanora era una bebida popular entre los sonorenses, valorado por su tradición, su precio accesible y sus atributos medicinales. Al mismo tiempo, desempeñaba un papel en el orden social, se canjeaba el impuesto de alambique a todos los productores que lo destinaran a la compra de armas, para combatir a los indios bárbaros que acechaban la demarcación (Romero, 2004). La producción de este mezcal en el norte del país era importante, generaba empleos, pagaba impuestos y era uno de los sectores más dinámicos en la región. Sin embargo, estos elementos no fueron tomados en cuenta cuando en 1915 el gobernador declaró la prohibición total.

Para la vuelta del siglo, la industria del aguardiente había logrado sobrevivir e incluso aumentar su capacidad instalada y su producción. Continuaba vigente la Ley número 61 de 1879, que obligaba a pagar anualmente 200 pesos por patente de alambique. En la primera década del siglo XX operaban un promedio de 70 fábricas de aguardiente y alcanzaban un promedio anual de 550 mil litros, con un valor en el mercado de 250 mil pesos.

Plutarco Elías Calles promulgó la “Ley Seca” presumiendo una “moral pública” y considerando que:

“Una de las causas de la decadencia de los pueblos ha sido el uso de las bebidas embriagantes que además de producir aniquilamiento físico y la perversión moral del individuo, es también uno de los principales factores del malestar económico que es bien sabido que la criminalidad está en relación directa con el empleo de las bebidas alcohólicas y teniendo el gobierno constitucionalista la obligación de moralizar a los ciudadanos que están bajo su amparo y procurar su mejoramiento, no podía dejar de ocuparse de legislar inmediatamente sobre tan importante materia.”

La Ley Calles o Ley Seca, como se denominó coloquialmente al decreto, estuvo vigente por cuatro años. El 20 de octubre de 1919, en plena crisis de posguerra, el Gobernador Adolfo de la Huerta derogó el decreto 1. Se permitió, aunque de manera restringida, la producción y comercio de cerveza, vinos de mesa, sidra y champaña, con excepción de los mezcales y otros licores de alto contenido alcohólico (Salazar, 2007).

El combate al alcoholismo daba fama moral y legitimidad a un gobierno necesitado de ellas, pero también tenía un valor estratégico en un territorio enorme: uno con asentamientos dispersos, suelo accidentado, frontera porosa y el corredor del Bacatete a Tucson, fatigado por los yaquis, abierto desde las grandes campañas del porfiriato contra la tribu.

Entonces, aparecieron las primeras “Vinatas Clandestinas” –hoy serían los conocidos speakeasys– donde nunca se dejó de producir a escondidas pese a las leyes autoritarias, y hasta el levantamiento de la prohibición de 1992.

La Denominación de Origen Bacanora (DOB) es resultado de una acción emprendida por investigadores y académicos, quienes convocaron a instancias estatales. Su implementación puede entenderse, primordialmente, como resultado de fuerzas exógenas a la región, sin embargo, a raíz de la declaración, están generándose procesos novedosos con la introducción de nuevos actores como comercializadores, empresarios y organizaciones de mujeres. Al mismo tiempo, comienzan a perfilarse grupos de poder y actores con mayor dimensión que otros. Esta situación puede provocar exclusión y concentración del beneficio económico.

Todo lo prohibido es profano, pero cómo goza el parroquiano. ¡Salud!

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